La semana pasada la justicia dictaminó en primera instancia una pena de cuatro años de prisión para dos personas responsables del delito de paralización de un servicio público, hecho ocurrido en agosto del 2015, en el caso conocido como "Saraguro". Varias voces se han levantado a favor y en contra de esta decisión, se habla de una falta de independencia judicial, pero del otro lado se asegura que el fallo está apegado a derecho y cumple con lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Referente al asunto, el presidente de la Federación Nacional de Abogados, Jimmy Salazar, sostuvo que en la actualidad la administración de justicia no está funcionando como debe de ser, pero si ha mejorado a nivel nacional. A su juicio, la Defensoría Pública si está en deuda con los millones de ecuatorianos, puesto que el ente se originó para defender a aquellos ciudadanos que no tiene cómo pagar a un abogado y que como consecuencia de ello sus casos quedaban en indefensión. Manifestó que los ecuatorianos aún siguen sin quien los defienda, puesto que dicha Defensoría perdió su control y ahora defiende a los que no deben, es decir, a los que sí tienen recursos económicos para financiar su defensa.