Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), señaló que hay una disposición que data de hace muchos años en la Ley General de Seguros y luego ratificada en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo que corresponde al libro de seguros, específicamente el artículo 74 de esa ley, que determina que la contratación de seguros por parte del sector público debe hacerse mediante concurso y licitación, es muy clara. Durante muchos años se respetó esa disposición, pero el gobierno anterior implementó una nueva política, - en el ámbito de la Función Ejecutiva- que ha durado 10 años, mediante la cual, haciendo caso omiso a esa disposición y haciendo una interpretación a la Ley de Contratación Pública del 2008, se hizo que los seguros se contraten con aseguradoras cuya participación accionaria sea mayoritaria del Estado. "No está en discusión el nombre de la aseguradora, lo que se está tratando es el cambio de una política pública que se implementó hace 10 años, esa política es la que el sector asegurador está impulsando que se cambie". Por su parte Ana Galarza, asambleísta CREO, señaló que lo que se busca al comentar el tema de Seguros Sucre, es el beneficio para el Estado ecuatoriano, el beneficio económico para un Estado que se encuentra en momentos de crisis y que tiene que obtener los mejores servicios a los mejores precios, y eso solo se obtiene abriendo una licitación. Además que una ley, está sobre un reglamento y el Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 74, manifiesta "Para la contratación de seguros, todas las instituciones y entidades del sector público se sujetarán a concurso de ofertas entre empresas de seguros constituidas y establecidas en el país". y en derecho público uno solo hace lo que manda el texto, sin embargo emiten un reglamento en el que se expresan de una manera ambigua y cierran las puertas a una libre licitación y entramos en esta contratación a dedo que le está haciendo mucho daño al país.