El jurista Enrique Herrería considera como un acto de justicia la cesación en funciones de Gustavo Jalkh y vocales del Consejo de la Judicatura, tras la posible existencia de interferencia en la administración de la justicia al -mediante tráfico de influencias- impedir que jueces resolvieran a favor de alguien. Ahora, apuesta para que el informe levantado por el Consejo Transitorio sea enviado a la Contraloría para que se determinen responsabilidades, mientras que se debe continuar con el juicio político que permitirá posteriormente a la Fiscalía abrir un expediente para evaluar si hubo intromisión. Sobre la aseveración de que Ecuador podría ser sancionado por tal decisión, Herrería explicó que no se podrá debido a que el Cpccs transitorio actuó en obediencia a un mandato popular y en concordancia con los estándares internacionales en derechos humanos que establece que ninguna función del Estado podrá estar por encima del accionar de los jueces. Finalmente, aplaude que ya los jueces podrán actuar libremente y las personas que fueron destituidas podrán recuperar sus cargos.