La directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, habló sobre el informe del Human Rights Watch que alerta sobre posibles injerencias en la justicia ecuatoriana e indicios de irregulares tanto en la elección de jueces como en la aplicación de figuras sancionatorias -como el error inexcusable- para presionar y hostigar a los magistrados, hasta alcanzar su destitución. "El error inexcusable se usó como un mecanismo de persecución y debe ser eliminado" dijo, al recordar el surgimiento de denuncias a partir de septiembre de 2017 sobre injerencias en la función judicial, motivo por el que sugiere al Consejo de la Judicatura abrir una investigación que permita transparentar su labor y demostrar si la selección de jueces no estuvo atada a intereses. Por último, considera correcto el papel del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que en respuesta al mandato popular, evalúa las denuncias presentadas por los jueces destituidos y sobre las falencias en los concursos.