La falta de articulación entre fiscales, defensores públicos y jueces juega a favor de la impunidad en los casos de abuso sexual contra niños y adolescentes en las escuelas del país. Eso establece el informe de control político a las principales instituciones del sistema judicial, que fue aprobado ayer por la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga la violencia sexual en el ámbito educativo. De los datos recabados por esta Mesa se desprende que se han presentado 7.070 denuncias de violencia sexual contra menores desde 2015 hasta febrero de 2018.