La aparición de un informe de la Contraloría reaviva el debate sobre las denuncias de injerencia en la Justicia. Se trata del documento DAAC-0070-2017, presentado por el asambleísta Esteban Bernal, en el que se establece que el presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura, en 2014, “otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación ni el cargo para el que postuló la persona elegible”. El informe consta en la página web de la Contraloría y establece responsabilidades civiles por más de 3,7 millones, responsabilidades administrativas por más de 45.000 dólares y determinaciones de destitución. Fue enviado a la Fiscalía el 12 de julio de 2016, en su calidad de entidad observada.