Con la firma del Decreto Ejecutivo 585, el 16 de diciembre de 2010, con el cual el Ministerio de Justicia asumió la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y puesta en funcionamiento de los centros de rehabilitación, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, pretendía mejorar el sistema de seguridad interno de las cárceles, entre otros objetivos. Dos directores de la Penitenciaría del Litoral habían sido asesinados, Eddy Enríquez Saltos y Soledad Rodríguez León (en 2005 y 2007, respectivamente), por ‘sicarios’ que –según las investigaciones– habían sido contratados por las “mafias” que operaban dentro de la cárcel.