Las excusas a las denuncias de actos de corrupción en el Gobierno del expresidente de la República Rafael Correa son diversas. Asambleístas y exfuncionarios identificados con el correísmo insisten en el argumento, 10 meses después de iniciado el periodo del presidente Lenín Moreno, de que son temas aislados y reflejan una persecución a quienes forman parte de la autodenominada revolución ciudadana, con el objetivo de llegar al exmandatario. Para ellos, “son más los aciertos que los errores” que se dieron durante la década en que estuvieron en el poder. Defienden la labor de Correa y de las instituciones que se crearon, como el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que designó a varios funcionarios ahora cuestionados.