El gobierno anterior conformó entes estatales a los que denominó empresas públicas con la aparente intención de darles las características propias de corporaciones que tengan su ley, accionariado, estatutos, planes de negocio, organización y estructura, finanzas y contabilidad, y todos aquellos elementos que le otorgan a una organización la categoría de empresa. Las empresas públicas están, sin embargo, sometidas a los avatares de la política. (...) El Estado está moralmente impedido de imponer normas exquisitas de comportamiento societario a los privados cuando al mismo tiempo sus empresas solo tienen el nombre de tales, y con nombres no se hacen empresas.