Con la vigencia de la Ley para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, que fue publicada en el Registro Oficial el pasado 5 de febrero, las tenencias políticas y las juntas cantonales de protección de derechos en el país tienen nuevas competencias. De requerirlas, a esos organismos les corresponderá otorgar medidas administrativas inmediatas a una mujer violentada, entre ellas las boletas de auxilio y las órdenes de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor, en cualquier espacio. (...) Por eso, los asambleístas Dallyana Passailaigue, del Partido Social Cristiano, y Pabel Muñoz, ex PAIS, creen que los funcionarios de esas instancias deben ser preparados antes de asumir esa facultad. Ambos formaron parte de la comisión ocasional encargada de elaborar esta norma y concuerdan en que también es necesario que el Gobierno garantice el presupuesto.