La posibilidad de censurar y destituir al superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, se presenta para la Asamblea Nacional como una prueba de fuego para recuperar su facultad fiscalizadora y demostrarle a la ciudadanía que puede ser un poder legislativo independiente, insumiso y comprometido con el Estado de Derecho. Sin embargo, la censura a Carlos Ochoa no puede ser solamente una muestra de buena voluntad de la bancada morenista, tiene que ser el resultado de un juicio justo, donde se recojan todos los abusos cometidos por el funcionario desde el momento mismo en que asumió el cargo. (...) Ochoa persiguió discursos especialmente protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como son las caricaturas políticas y los reportajes u opiniones que versaban sobre funcionarios públicos o asuntos de interés público. (...) Para censurar y destituir a Carlos Ochoa sobran los argumentos y las razones. Su juicio político debe ser el primer peldaño de un proceso para recuperar en Ecuador la libertad de expresión y las garantías fundamentales para un ejercicio periodístico que no sea conducido ni reprimido por el poder Ejecutivo.