El 28 de diciembre de 2017, tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitaron medidas previsionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los actuales miembros del CPCCS, crear un Consejo Transitorio y luego convocar una nueva elección por votación popular, lo que fue consultado al pueblo en el referéndum, cuya convocatoria, según ellos, era inconstitucional. El 4 de febrero los ecuatorianos aprobaron la propuesta de cesación de los actuales integrantes y los mecanismos para reemplazarlos. La CIDH remitió el caso el 6 de febrero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Cancillería en un comunicado oficial ha dado a conocer que el Gobierno del Ecuador reitera la legalidad y legitimidad del referéndum y la consulta y que defenderá su posición ante la Corte IDH. Esperamos que lo asuman con profesionalismo y, si es necesario, con asesoría especializada. El derecho y las relaciones internacionales no se improvisan.