¿Fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una función del Estado imparcial y promotora de la transparencia? ¿La sociedad vio preservados y defendidos sus intereses en esta institución? La respuesta negativa a estas preguntas, de forma contundente e inequívoca, se la tuvo en la consulta popular y el referéndum del domingo pasado. Era un secreto a voces que el Consejo nunca fue una entidad autónoma y que tampoco propició alguna vez la segunda parte de su pomposo nombre: el control social. (..) La consulta puso fin a este deplorable y vergonzoso estado de las cosas, y el presidente Lenín Moreno se apresta a enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al respecto. Ya se barajan nombres del que sería el Consejo transitorio, que tendrá “la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos”.