A diez días de las elecciones, la Asamblea Nacional abrió el debate de un proyecto de Ley de lucha contra la corrupción, que busca inhabilitar al funcionario público y de elección popular acusado de corrupción, similar a la pregunta 1 de la consulta popular. El proyecto fue procesado por la Comisión de Justicia presidida por Marcela Aguiñaga (ala correísta que se identifica como Revolución Ciudadana), que recoge al menos cinco proyectos que plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para endurecer penas e impedir ejercer cargos públicos y de elección popular a aquellas personas que hayan sido sentenciadas por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo.