El marco legal que respalda la veeduría formada por la Contraloría General del Estado (CGE) para auditar la deuda pública del país fue cuestionado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dice que transgrede la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; pero la CGE basa su decisión en la ley que rige al mismo ente. Mediante un comunicado, el vicepresidente del CPCCS, Edwin Jarrín, manifestó que dicha veeduría, presentada el lunes, carece de sustento legal.