Por una vez, la oposición y el oficialismo se han alineado del mismo lado respecto a la corrupción. Ha sido para ponerle peros a la propuesta de ley de extinción del dominio que la Fiscalía presentó el miércoles ante la Comisión legislativa de Justicia. Los representantes de un lado y del otro no solo coincidieron en cuestionar las inconstitucionalidades del texto, sino que señalaron los mismos puntos. Hay tres aspectos que, de primeras, chocan con el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que complicarán el trámite de aprobación. En eso concurre Marcela Aguiñaga, asambleísta de PAIS, con Lourdes Cuesta, de CREO, y Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano.