Cristina Reyes, asambleísta por Madera de Guerrero – PSC, calificó de “vergüenza” al aparente uso de $ 120 millones, provenientes de la ley de Solidaridad, por parte del Estado para pagar deudas a proveedores. Reyes aseguró que el terremoto demostró el valor con el que están hechos los ecuatorianos, pero además evidenció de qué está hecho el Gobierno: “despilfarro, gasto desmedido e imprevisión”. Relata que son varios los asambleístas que habrían pedido la rendición de cuentas sobre lo recaudado por dicha ley, pero afirma que solo han tenido respuestas negativas. Reyes señala que “el desplante” no sería para los asambleístas que buscan fiscalizar, sino “para los ciudadanos que están indignados por la falta de transparencia de este Gobierno”.