"No hay normativa que obligue". Ese es el argumento central del ministro de Educación, Augusto Espinosa, para justificar la no contratación de seguros para la infraestructura educativa, hecho que se puso en evidencia después del terremoto del 16 de abril pasado. El funcionario manifiesta que las escuelas no se encuadran dentro de los requisitos que establece la Contraloría, pues estos deben ser considerados de larga duración, y para que ello ocurra, entre otros requisitos, está que debe ser destinados actividades administrativas y/o productivas. "Las escuelas no se clasifican como bienes de larga duración", apostilló. Ahora, con base a ese mismo reglamento se pretendía crear nuevas obligaciones a las instituciones públicas, es decir se obligaba contratar seguro para todos los bienes y no solo para los productivos, entonces, se debía solicitar una certificación presupuestaria del ente rector de las finanzas públicas. Es imposible que se pueda asegurar todos los bienes públicos, acotó. Dijo que si la norma dijera que se tienen que asegurar las escuelas, entonces se debía asegurar las 13.000 escuelas, y no solo las unidades del milenio. La pregunta que salta es si se debe asegurar todos los bienes del Estado. La respuesta del ministro es que depende de la concentración de riesgo.