El defensor público, Ernesto Pazmiño, presentó un proyecto para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el objetivo de reducir la pena para los casos de paralización de servicios públicos durante una huelga. Pazmiño puso como ejemplo la situación de las personas sentenciadas en Saraguro a cuatro años de prisión por paralizar un servicio público y propone que en caso de la paralización de estos servicios la pena que actualmente es de 1 a 4 años disminuya de seis meses a dos años.