El Defensor Público General del Estado, Ernesto Pazmiño, se reafirmó en la desproporción de las penas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, y citó dos sentencias últimas de un mismo delito: paralización de servicios públicos. Explicó que la Corte Provincial de Loja le impuso a los policías involucrados en el 30-S, un año de cárcel y 70 dólares; mientras que a los indígenas saraguros, por el mismo delito y el mismo juez, les impusieron 4 años y una multa de 1.500 dólares. "Por qué por ser indígenas cuatro años, y por qué por tener poder, por ser policía, un año", dijo. "Esa desproporción en las penas es lo que critico", apostilló. Ante esa injusticia, el Defensor Público añadió que ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de rebaja de penas por el delito de la propiedad en el COIP.