Cinco días tienen los asambleístas señalados en un informe preliminar de la Contraloría General del Estado para justificar las inconsistencias en las declaraciones de bienes. Entre los cuestionados está la asambleísta Esperanza Galván, sentenciada a tres años de prisión por el delito de cohecho. El vocal de Consejo de Administración Legislativa (CAL), Fausto Cayambe, dice que si el informe de la Contraloría recomienda la suspensión del pago del sueldo a Galván, el organismo acogerá inmediatamente sus sugerencias.