Inés Manzano, abogada ambientalista, hizo un análisis del impacto ambiental ocurrido en el río Daule y sus consecuencias legales, luego del vertido accidental de aceite que habría dejado una grave afectación ambiental y a Guayaquil sin servicio de agua potable por algunas horas. Manzano resaltó que la desgracia permite reconocer cuán importante es el recurso y la necesidad de tener políticas de control más fuertes por parte de las instituciones nacionales, así también, la forma como se opera el recurso que no es abundante. Emplazó a las instituciones de control a generar políticas que protejan el recurso, coordinen su uso y establezcan sanciones ejemplificadoras a quienes cometan delitos contra el medio ambiente y, particularmente, contra el agua. Recordó que la legislación ecuatoriana considera que los daños ambientales son delitos de acción pública. Por lo que, ante la confesión de parte de la empresa, cualquier fiscal puede iniciar un proceso penal de oficio. Así también, la compañía no estaría exenta de sanciones, con su representante legal.