Enrique Herrería, del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, refirió que el contralor general del Estado está leyendo al revés la Constitución y las normas, a propósito de su posición de no revelar los nombres de los asambleístas que se investiga por un supuesto incremento de patrimonio injustificado. Según el exasambleísta, para los funcionarios públicos no hay esa protección de los datos, porque lo que se impone es la transparencia de los actos del Estado, tal es así que hay una Ley de Acceso y Transparencia de la Información Pública que obliga que esos datos generados desde el Estado para control de los funcionarios públicos sean debidamente publicitados.