Rafael Oyarte, constitucionalista, habló sobre la venta de activos del gobierno, impulsada por el gobierno para hacer frente a la crisis provocada por el terremoto del pasado 16 de abril, que aseguró es algo confusa y se debe analizar para que no resulte ser perjudicial para los intereses de los ecuatorianos. Para vender activos del Estado se debe considerar ciertos bienes que no están disponibles. La sopladora (central hidroeléctrica) es un bien público, y este es inalienable. “Hay que diferenciar el bien público de los servicios (…) es imposible (la venta), debería cambiar la ley”, enfatizó.