Daniel Ortega, ministro de ambiente, se refirió a la situación que enfrente al gobierno con las Fuerzas Armadas por un aparente sobreprecio en la venta de terrenos en Samanes por parte del Issfa al ministerio del ambiente. Según el ministro, el gobierno ha actuado y actuará conforme la ley lo disponga. Según Ortega, el procurador general del Estado tiene facultad de hacer una revisión en procesos de adquisición de terrenos entre dos entidades del Estado. Además, fue el gobierno quien dio el primer paso para desentramar este aparente perjuicio para el Estado, cuando Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, denunció el caso en noviembre del año pasado. “Mediante una cancelación de compensación de cuentas” es como se actuará en caso de comprobarse que existió un perjuicio para el Estado, afirmó. “El Gobierno no ha actuado de manera autoritaria, sino acorde a la ley”, subrayó el ministro.