Luis Fernando Torres, asambleísta del movimiento Cambio-PSC, dio detalles sobre el pedido del procurador de Estado de ejercer el derecho de repetición en contra del excongreso del año 2004. Esto debido a un fallo judicial de la Corte-IDH en contra del Estado ecuatoriano por el cese de las funciones de los magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia y el extribunal de Garantías Constitucionales, en ese año. Torres manifestó que esta solicitud pone a la Asamblea “contra la espada y la pared”, dado que si no se la aprueba, la Contraloría podría tomar acciones en contra de los actuales legisladores. El proceso consiste en un cobro de 15 millones de dólares a los excongresistas, cantidad a la que fue condenado el Ecuador. Torres señaló que la sentencia dicta que el Estado violó la independencia judicial y los derechos de los magistrados, y que solamente con esa sentencia ejecutoriada se podría iniciar el proceso. El legislador manifestó que se debe garantizar el debido proceso a los congresistas del 2004, dado que, según dijo, “no todos actuaron de mala fe”.