En Diciembre del 2004, con una mayoría afín al partido Sociedad Patriótica se destituyó a los jueces de la desaparecida Corte Suprema de Justicia así como a los miembros del Tribunal Constitucional de aquel entonces. Ante esto la Procuraduría General del Estado envió un informe a la Comisión de Justicia de la Asamblea, para hacer efectivo el derecho repetición y establecer los procesos para el cobro de 15 millones de dólares, valor que se canceló por concepto de indemnización a los destituidos, a los exdiputados. En este marco, Gilmar Gutiérrez, calificó este hecho como uno de los múltiples casos de irresponsabilidad del gobierno dirigido por Rafael Correa, la misma que ha llevado al régimen a gastar casi 300 mil millones de dólares del pueblo ecuatoriano. Recordó que la Constitución del 2008 aprobada en Montecristi y la que previamente estaba en vigencia, garantiza la inmunidad parlamentaria de los legisladores y añade que estos no tienen responsabilidad civil ni penal por los votos que emiten durante sus funciones. Agregó además que aun cuando se establezca que los exdiputados deben devolver los 15 millones estos no están en la capacidad económica para cancelar estos valores. Gutiérrez aseveró que, una vez que Rafael Correa asumió el poder le pidió al Procurador, allanarse dentro del juicio que el estado afrontaba en la Corte Interamericana por este tema, precisamente para que el Estado sea sancionado con este pago.