La investigadora urbanística, Patricia Sánchez, comenta que el Gobierno Nacional no tiene un plan de contingencia sólido en el tema relacionado a las invasiones de terrenos y desalojos. Considera que es ilógico que se les pida 500 dólares de entrada a las personas desplazadas para que puedan ser reubicadas y acceder a viviendas de construcción mixta. La experta afirma que al Estado le cuesta demasiado dinero reubicar a gente y por esta razón no asume este tipo de gastos. Por otro lado, indica que cuando se hace la entrega de viviendas a las familias que son reubicadas aparecen dueños de los terrenos y esto es un impedimento para que la gente pueda vivir tranquila. Organizaciones como Hogar de Cristo construyen casas para que este problema no se siga proliferando en el país, pero cree que aún falta mucho por hacer.