Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, se refirió al cobro de la tasa solidaria para financiar el mantenimiento de la red vial rural de la provincia, el cual ha sido suspendido por dictamen del Consejo Nacional de Competencias, ya que considera que la Prefectura no tendría la competencia para realizar el cobro de este rubro. Carrasco asegura que esta medida demuestra el desconocimiento del Gobierno Central sobre la realidad territorial de la provincia austral, pues afirma que esta resolución rompe con un mecanismo fundamental para el mantenimiento de los caminos rurales, y asegura además que habría varios asesores detrás de esta medida con intereses electorales en la provincia por debajo. En otros temas, expresó su respaldo a las movilizaciones que varios organismos sindicales han anunciado para este 19 de marzo, pero señaló que él no participará de las mismas en esta ocasión, e hizo un llamado a los actores políticos a tomar la misma decisión, ya que las movilizaciones deben ser ciudadanas, afirma, y su presencia o la de otros actores puede darle argumentos al Gobierno para decir que las movilizaciones son politizadas.