Pamela Falconí, asambleísta por Alianza País, señaló que la Comisión Legislativa de Biodiversidad, a la que pertenece, tiene como obligación para este año, aprobar el Código Ambiental, proyecto que la legisladora considera que responde a una demanda ciudadana no solo de los sectores ambientalistas, sino de la sociedad ecuatoriana en general, además de una herramienta para el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, consagrados también en la Constitución de Montecristi. Falconí sostiene que es muy importante materializar una herramienta legal que permita regular las actividades empresariales con alto impacto ambiental, las cuales se presentan en diversas provincias de todas las regiones ecuatorianas; además afirma que una ley que permita preservar la riqueza natural del Ecuador también favorecerá el turismo en el país, principalmente para las zonas pequeñas que no cuentan con megaproyectos como en las grandes ciudades.