El jurista Eduardo Carmigniani, expresó que considera la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que obligaría a Conecel, de la operadora celular Claro, a pagar regalías al Estado por el uso del espectro electromagnético en proporción a su captación del mercado, es una mediad en perjuicio no solo de Conecel, sino del Ecuador, pues si bien la operadora tiene que solventar estos nuevos gastos, el Ecuador deja una imagen que ahuyenta a las empresas interesadas en invertir en el país, pues demuestra que el Estado ecuatoriano no respeta los contratos que firma. El jurista asegura que esta reforma, por mucho que se la intente disimular, es una forma de aumentar el precio de la concesión negociado durante la conformación y posterior firma del contrato, y al ser una violación de este último, por tanto, implicaría incluso indemnizaciones para la empresa en un proceso legal, además del desmedro de la reputación de Ecuador como un mercado serio para los inversores, por lo que aspiran y exhortan al Ejecutivo a vetar el proyecto legal.